Lamuerte de los cuatro niños de Las Malvinas–Guayaquil es el resultado de lanecropolítica1 implantada y afianzada en el país. En unEstado constitucional de derechos y justicia, extralimitar de sus funciones alas Fuerzas Armadas y Policía Nacional no representa una lucha contra el crimenorganizado, sino una guerra en contra de todo lo pobre y racializado.
Laraza y la pobreza son usados como dispositivos de seguridad y técnica gubernamental quevende miedo y logra que los ciudadanos elijan seguridad desde el populismopolítico. En el contexto ecuatoriano, esta realidad es vivencial, tanto másque, el abandono estatal alas políticas sociales, culturales y económicas ha provocado una lucha internapor sobrevivir entre en el narcoestado de los políticos y el crimen organizadode las grandes mafias. Pero ¿quiénes terminan siendo las víctimas de la guerra entre los “buenos” y los “malos”?
Elpresidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado a través delDecretoEjecutivo No. 111, con el quese faculta a las Fuerzas Armadas a ocupar un rol similar a la Policía Nacional,a pesar de no tener capacitación previa para la interacción con ciudadanosciviles. En este contexto, se militarizó varias provincias empobrecidas,ciudades criminalizadas, así como barrios periféricos de las grandes ciudades.
Lastimosamente,la justicia no salva las vidas de los empobrecidos y racializados, a quienes sistemáticamente se les quita derechos, futuro ydestino. Enel 2024, 16 miembros de las Fuerzas Armadas desaparecieron a cuatro niñosafroecuatorianos llamados Steven, Ismael, Nehemías y Josué.Por: INREDH
